Proteger los derechos de los titulares de los videojuegos es un privilegio. El videojuego no es sólo una industria en crecimiento – ¡2.408 millones de euros de facturación en nuestro país durante 2024! – y empleo; es una industria dinámica que contribuye al desarrollo tecnológico, fomenta la creatividad de los seres humanos, proporciona entretenimiento y supone una plataforma cultural en la que convergen un relato, un desarrollo informático, imagen y música.

El desarrollo de un videojuego implica el riesgo de altas inversiones tanto económicas como humanas sin que el esfuerzo tenga siempre garantizada la recompensa del éxito que como en todas las industrias culturales, es caprichoso y esquivo. El empleo cultural creció en 2024 un 6,6% respecto al año anterior, alcanzando un total de 771.000 personas, el 3,6% del empleo total en España. Así se recoge en la explotación específica realizada por el Ministerio de Cultura de los datos de empleo en determinadas actividades económicas y ocupaciones vinculadas al ámbito cultural recogidos en la Encuesta de Población Activa, estadística oficial perteneciente al Plan Estadístico Nacional elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. Estos datos bastan por sí solos para que la sociedad europea defienda las industrias culturales y justifica el elevado grado de protección que desde las instituciones quiere concederse a los sectores de la propiedad intelectual.

Sin embrago y con la excepción de la distribución de productos que pudieran ser nocivos para la salud, la sensibilización ciudadana frente a la piratería es proporcionalmente baja en Europa y escasa en nuestro país. La cultura del «Todo gratis» que se ha instalado en Internet en España, está ahogando el desarrollo y el talento, ampliamente demostrados de nuestros creadores al no encontrar una industria con músculo económico suficiente para financiarlo.

De acuerdo con los datos del Observatorio de la piratería, publicado por la Coalición de creadores; Los datos de la piratería digital en España en 2024 muestran que el valor de lo defraudado (7.330 millones de contenidos ilícitos) ha experimentado una notable subida del 9% hasta alcanzar los 42.782 millones de euros (33.957 en 2022). El perjuicio para los creadores e industrias culturales se elevó hasta los 3.032 millones de euros. Una cantidad que, lógicamente, ha lastrado la creación de empleo del sector en 188.058 puestos de trabajo directos e indirectos y los ingresos que las arcas públicas pudieron recibir: 955 millones de euros. Esta situación, que sigue frenando el potencial de los creadores e industrias de contenidos culturales, necesita el apoyo firme de los poderes públicos para perfeccionar las medidas e instrumentos legales y plantear soluciones efectivas ante las cambiantes prácticas delictivas que le asolan.

El consumo de Videojuegos ilícitos ha aumentado su número en 2024 hasta el 18% (en 2023 era el 15%). Esta subida ha llegado acompañada de una caída en los consumidores legales, que han registrado un 16% (19% en 2023) en acceso en formato digital y un 18% (26% en 2023) en compra de formato físico. Los 364 millones de videojuegos ilícitos en 2024 (308 millones en 2023) con un valor de casi 10.000 millones de euros. Esto elevó el perjuicio para la industria de hasta los 208 millones de euros.

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